Promulgada por el presidente Arturo Alessandri Palma el 18 de septiembre de 1925, la nueva Constitución significó el fin del orden político heredado de la Carta Fundamental de 1833, que en ese momento había sostenido un Estado oligárquico altamente restringido en cuanto a participación ciudadana.
Este cambio emergió en un contexto en que nuestro país experimentaba una profunda crisis social, política y económica, en la que la denominada cuestión social se expresaba en huelgas, movilizaciones obreras y una creciente protesta frente a las desigualdades generadas por los procesos de industrialización y urbanización. En este sentido, el sistema semiparlamentario existente demostró ser incapaz de resolver estas nuevas demandas.
Fue así que uno de los elementos centrales de la Constitución de 1925 fue la ampliación del rol del Estado. Por primera vez, este jugó un rol de agente activo en la sociedad, asumiendo deberes concretos en áreas como el trabajo, la industria, la vivienda y la protección de los ciudadanos. De igual forma, se avanzó en la ampliación de libertades personales y se concretó la separación entre Iglesia y Estado. Asimismo, se introdujeron limitaciones al derecho de propiedad, reconociéndose ya no como un bien absoluto, sino sujeto a su función social.
En este contexto, la Constitución de 1925 representó de cierta forma un pacto político destinado a administrar la crisis, evitando que esta derivara en una radicalización de los conflictos sociales. Sin embargo, lejos de crearse a través de una asamblea constituyente, fue un proceso impulsado desde las clases políticas, aunque al mismo tiempo incorporó elementos de soberanía popular que marcarían el futuro del país.
Para Pablo Artaza, académico del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, “la Constitución de 1925 es, para nosotros, una anticipación de lo que en otros contextos se conocería como las políticas del New Deal, o bien una expresión parcial de una lógica keynesiana en la forma de comprender la sociedad y, sobre todo, el rol del Estado en ella”.
Esta ampliación de funciones estatales abrió el camino para lo que algunos especialistas consideran la base del “Estado de bienestar a la chilena”. Además, el texto constitucional reconoció y amplió libertades individuales, como la de opinión, conciencia y culto.
Otro punto clave fue la transformación del derecho de propiedad, que por primera vez dejó de ser un bien considerado absoluto. La Constitución estableció limitaciones en función del interés social, sentando la base de lo que posteriormente se conocería como el principio de la función social de la propiedad.
Desde la perspectiva política, la Carta de 1925 consolidó un sistema altamente presidencialista y unitario. Sin embargo, su mayor innovación estuvo en el terreno de la participación ciudadana. El establecimiento del sufragio universal fue un paso decisivo hacia la democratización del país y, con el tiempo, permitió la ampliación hacia el voto femenino en 1949. “Sin la Constitución de 1925, difícilmente se habrían dado las condiciones para este cambio fundamental”, señaló Artaza.
Durante sus 55 años de vigencia, la Constitución de 1925 no fue un texto estático. Por el contrario, se mantuvo en constante transformación mediante numerosas reformas que habilitaron la ejecución de programas de gobierno, entre los que destacan la Reforma Agraria y la nacionalización del cobre. De este modo, esta Carta demostró una flexibilidad institucional que le permitió responder a los desafíos de distintas épocas.
Sin embargo, la dictadura cívico-militar marcó el inicio del fin para la Constitución de 1925. El régimen militar promovió la Constitución de 1980, que sustituyó el rol activo del Estado por el principio subsidiario y restringió la participación ciudadana en las decisiones políticas. En este sentido, representó una ruptura con el espíritu democratizador y social de la anterior Carta Fundamental.
“La Constitución se modifica y adquiere un carácter negativo porque no logra satisfacer los principios fundamentales que deben regir el sistema político que ha quedado instalado bajo la dictadura. Esa es la lógica en la que se sostiene la noción de la llamada democracia protegida”, señaló Artaza.
Vigencia histórica
A 100 años de su promulgación, la Constitución de 1925 continúa siendo un hito fundamental en la historia política y social de Chile. No solo porque respondió a una crisis estructural del Estado oligárquico, sino porque abrió la puerta a diversas transformaciones, desde la consolidación de nuevas libertades hasta la expansión de la democracia y la redefinición del rol del Estado frente a la ciudadanía.
“Yo creo que lo más importante de destacar de la Constitución del 1925 es que ha marcado épocas en las que hemos tenido un marco constitucional capaz de generar transformaciones en la estructura social, permitiendo que el orden social se oriente a ponderar a los distintos actores, los que en su momento produjeron descontento y que pudo adaptarse a esas tensiones”, concluyó Artaza.
El Archivo Central Andrés Bello de la U. de Chile resguarda la Constitución Política de la República de Chile promulgada el 18 de septiembre de 1925, conforme a la edición oficial. Asimismo, custodia la Constitución Política y Reglamento del Senado de la República de Chile del año 1926. Ambas ediciones pertenecen a la Colección General y han sido custodiadas por la Biblioteca Central de la Universidad de Chile (antecesor del núcleo patrimonial de la institución) desde sus inicios.
Estos materiales permiten reflexionar sobre los procesos constituyentes del pasado, del presente y del futuro. La experiencia de 1925 demuestra que las constituciones no son textos estáticos, sino marcos que orientan la vida social y política, capaces de adaptarse y transformarse según las demandas de cada época.