En febrero de 2025 comenzó a funcionar la Comisión Verdad y Niñez, con el propósito de esclarecer la verdad histórica sobre las violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que estuvieron bajo tutela estatal entre 1979 y 2021, en residencias de protección de administración directa y de organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename).
La comisión surge en un momento clave: el sistema de protección se encuentra actualmente en un proceso de reconfiguración, que implica el cierre definitivo del Sename y la implementación del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, esta transición no es lineal ni constituye un punto de quiebre definitivo, ya que conviven prácticas, discursos y arreglos heredados de la anterior institucionalidad. Las lógicas institucionales acumuladas durante décadas continúan operando en el presente.
Se trata, por lo tanto, de un escenario donde está presente el riesgo del olvido. En los procesos de implementación de políticas públicas suele diluirse la memoria sobre cómo funcionaron las instituciones, las racionalidades que las orientaron y los efectos que generaron sobre la vida de niños, niñas, adolescentes, familias y también sobre quienes trabajaron en el sistema. Comprender esta trayectoria histórica es condición para que las promesas de cambio sean efectivas y no repliquen, mediante nuevos mecanismos, lógicas que se creían superadas.
La violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes bajo tutela estatal no fue episódica ni excepcional. Diversos informes nacionales e internacionales la documentaron como estructural y sistemática, con prácticas de castigo, aislamiento, encierro prolongado, uso de la fuerza para “contener”, restricción de alimentos y obstáculos al ejercicio del derecho a la participación y a la continuidad de los vínculos familiares y comunitarios. Por muy incómodo que sea, es necesario preguntarse cómo una política destinada a proteger terminó vulnerando derechos de manera sistemática.
La respuesta exige una mirada histórica que permita comprender estas continuidades. Durante más de un siglo, los sistemas de protección dirigidos a la niñez se desarrollaron sobre la noción de “menores en situación irregular” y organizaron sus acciones en torno a dos tecnologías de gobierno: separar y encerrar. La separación opera sobre los vínculos, la historia y el sentido de pertenencia, y produce taxonomías que clasifican y distribuyen a los niños. El encierro, por su parte, se normalizó como mecanismo para corregir cuerpos y conductas, y se justificó a través de retóricas de seguridad, protección y cuidado. Pese a la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, estas racionalidades encontraron nuevas formas de implementación.
Comprender esta violencia como estructural permite cuestionar las perspectivas que la atribuyen solo a condiciones individuales o familiares. Por ello, una transición institucional que no incorpora verdad y memoria corre el riesgo de mantener la continuidad del sistema que busca superar, bajo un nombre distinto pero con prácticas similares.
En este contexto, la creación de la Comisión Verdad y Niñez cumple una doble tarea: es un mecanismo de verdad que reconstruye históricamente los hechos y reconoce individualmente a las víctimas, y un dispositivo reparatorio que puede habilitar el reconocimiento público del daño, definir medidas y fijar garantías de no repetición. Su relevancia es también simbólica, pues contribuye al resguardo de la vida democrática y a revisar cómo la sociedad ha mirado a las infancias históricamente excluidas e invisibilizadas.
Reparar implica apuntar a la transformación del sistema y de las lógicas que permitieron la violencia institucional: la separación y el encierro como respuestas naturalizadas; la racionalidad económica que condiciona las intervenciones; la fragmentación de las historias de vida; la precarización de las condiciones para cuidar y proteger; y la falta de espacios que reconozcan la importancia de las voces de niñas, niños, adolescentes y sus familias. La reparación será efectiva en la medida en que estas inercias se desarticulen y sean reemplazadas por miradas que pongan en el centro los vínculos, los cuidados y la historia.