El pasado jueves 18 de diciembre, el auditorio de la sede Santa Lucía de la Facultad de Gobierno se convirtió en un espacio de reflexión y aprendizaje con la realización del taller "Inclusión educativa y modelo social de la discapacidad" organizado por la Dirección de Género, Equidad e Inclusión. La instancia contó con una amplia participación de la comunidad universitaria, encabezada por el decano Leonardo Letelier, junto a académicos, académicas y personal de colaboración de la facultad.
El encuentro fue facilitado por Carlos Barahona Jorquera, sociólogo y magíster en Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado. Barahona, quien es además una persona con discapacidad, aportó una mirada integral basada en su vasta trayectoria analizando las barreras y facilitadores de acceso en la educación superior desde un enfoque de derechos. Su experiencia incluye el diseño de protocolos de accesibilidad y el acompañamiento en la implementación de ajustes razonables en entornos universitarios.
Durante la jornada, se abordaron conceptos claves del modelo social de la discapacidad, el cual define esta condición no como una enfermedad, sino como el resultado de la interacción entre la persona y las barreras —actitudinales, pedagógicas y organizacionales— de su entorno. Entre los temas destacados se incluyeron:
- Marco Normativo: Se revisaron las leyes nacionales e internacionales que garantizan el derecho a ajustes razonables, como la Ley 20.422 y la reciente Ley TEA (Ley 21.545).
- Ajustes Razonables: Se enfatizó que estas modificaciones no buscan bajar las exigencias académicas, sino cambiar las condiciones de participación para garantizar la igualdad de oportunidades.
- Diseño Universal: Se propuso la flexibilización de los medios de enseñanza y formatos de evaluación para reconocer la diversidad estudiantil desde el inicio.
El taller contempló una actividad de análisis de casos que permitió a las y los participantes poner en práctica herramientas para la implementación de ajustes razonables y estrategias de accesibilidad universal en el ámbito educativo.
“Es fundamental que las instituciones gubernamentales y de educación superior asuman la inclusión, enfocada particularmente en las personas con discapacidad, no como un gesto de buena voluntad, sino como una responsabilidad institucional y un derecho fundamental, porque cuando la garantía de derechos depende solamente del compromiso individual, se vuelve frágil, desigual y se convierte en un discurso vacío. Por eso, es clave entender la inclusión más que como una obligación, sino que como un punto basal, una característica que potencia la diversidad en la educación, ya que permite avanzar desde respuestas aisladas hacia políticas, prácticas y estructuras que aseguren condiciones equitativas de participación y aprendizaje para todas y todos, fortaleciendo así la calidad y la legitimidad del sistema educativo.”
Como cierre, se destacó que la inclusión debe ser una responsabilidad institucional compartida.