La seguridad es actualmente una de las principales preocupaciones de la población chilena y un tema central de los discursos políticos que se realizan en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo.
Para reflexionar sobre el estado actual de la seguridad en Chile, la percepción de inseguridad de la población, y las medidas que se están desarrollando y que deben implementarse para abordar la situación con un enfoque de derechos humanos, el 14 de octubre el Senado Universitario y Radio Universidad de Chile organizaron una nueva edición del foro radial Hablemos TodUs titulada “Seguridad ciudadana: ¿cómo vivir sin miedo?”.
Participaron como panelistas Alejandrina Tobar Vásquez, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, María José del Solar Cortés, coordinadora de Investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile, y Gladys Camacho Cépeda, Senadora Universitaria y académica del Departamento de Derecho Público de la U. de Chile. Condujo el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile.
El pasado 7 de julio se presentaron los resultados correspondientes al año 2024 de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, fuente oficial del Estado de Chile sobre información relativa a victimización y percepción de inseguridad.
La encuesta reveló que el 87.7% de las personas percibe un aumento de la delincuencia a nivel nacional, y un 56.6% se considera expuesta ante el delito. Esta última cifra es la más alta registrada desde 2015, pese a que, por ejemplo, la victimización de hogares por delitos de mayor connotación social es del 23,5%, frente al 28% marcado en 2017.
Sin embargo, Paz Ciudadana ha advertido que un nuevo tipo de criminalidad estaría incidiendo en la percepción de inseguridad de la población, que considera la presencia del crimen organizado y el aumento de la violencia en los delitos.
Sobre la relación entre percepción del delito y cantidad real de víctimas de delitos, María José del Solar declaró que si bien la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana es uno de los principales instrumentos que tenemos para la generación de políticas públicas en materia de seguridad, se aplica sólo a un porcentaje de la población. Por lo tanto, agregó, es importante preguntarnos por qué no tenemos diagnósticos más claros en torno a cuál es la situación de criminalidad que enfrenta el país.
“La confianza en las instituciones, el conocimiento sobre el sistema de justicia, los mecanismos para la realización de denuncias son elementos que tenemos que analizar antes de preguntarnos si la percepción del delito es proporcional a la victimización. A priori, yo creo que no existe una proporcionalidad, pero como país aún nos falta mucha evidencia”, explicó.
Evidencia que, según la investigadora, es fundamental generar para la aplicación y análisis de políticas públicas. “Estamos levantando políticas sin diagnóstico, y no estamos realizando procesos de evaluación para sus etapas. Espero que el Ministerio de Seguridad Pública, que busca ser un articulador de la política pública, dialogue con la academia (…) Se han generado espacios, pero hay que fortalecerlos y apoyar la investigación sobre los fenómenos criminales en Chile y la evidencia que nos permita tomar mejores decisiones y orientar las políticas públicas”, afirmó.
Por su parte, Gladys Camacho señaló que el miedo nos muestra que existe una desconfianza hacia las instituciones, porque el Estado no está siendo eficaz en lo que la ciudadanía espera. “El sistema estatal en su conjunto -policías, tribunales, Ministerio Público, sistema carcelario- no está dando la talla. Y el sistema educativo, como instrumento de prevención, está muy al debe. Todo el entramado institucional está débil, y la debilidad hace que un Estado se mueva muy lento”, dijo.
Asimismo, la Senadora Universitaria se refirió a la necesidad del levantamiento bancario. “La criminalidad organizada es la que nos desafía a utilizar métodos más intrusivos. Ellos se adaptan, innovan y se profesionalizan. Sin embargo, nosotros no hemos avanzado en fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, que tiene el objetivo de neutralizar la infiltración de este tipo de organizaciones en nuestro sistema financiero. Hay que apostar por fortalecer las instituciones que hemos creado para el combate del crimen organizado”, aseveró.
Reglas de Uso de la Fuerza
Actualmente, se está tramitando en el Congreso Nacional el proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza. En su paso por el Senado se rechazaron algunas normas, como el principio de proporcionalidad; y la prohibición de ejercer fuerza una vez que la persona ha sido reducida e inmovilizada, entre otras.
En Comisión Mixta se deberán resolver las divergencias entre ambas Cámaras, entre las que se encuentra la redacción que modificó el Senado para sustituir el articulado sobre el eximente de responsabilidad penal; el artículo relacionado a la utilización de la fuerza potencialmente letal y otro aspecto vinculado con la prohibición de la tortura.
Para Alejandrina Tobar cuando parlamentarios eliminan o disminuyen normas que resguardan a las personas o establecen la rendición de cuentas efectiva, se abre espacio a la impunidad y a la normalización de la violencia institucional.
“Existe una tendencia a contraponer seguridad versus DD.HH, como si proteger la vida, dignidad e integridad de las personas fuese un obstáculo para el orden público. Pero esto es una falsa dicotomía. Los DD.HH son la base de una seguridad democrática y de una sociedad de derecho”, aclaró.
Mano dura contra el delito
La carrera presidencial no ha estado al margen de la discusión sobre seguridad. Entre las propuestas de los/as candidatos/as en la materia hay una tendencia a las iniciativas punitivas, como la restitución de pena de muerte, armas de uso personal, minas antipersonales en la frontera, el incremento de plazas en cárceles, entre otras.
Al respecto, la profesora Camacho indicó que la opción más fácil es ofrecer las penas del infierno y así intentar convencer al electorado que vas a resolver el problema. “Se dedica poco tiempo a construir una alternativa que logre articular las distintas instituciones del Estado involucradas en esta materia y mejorar su coordinación; por ejemplo, fortaleciendo el sistema de inteligencia que hoy en día es vital para combatir el crimen organizado”, añadió.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos comentó que los países con más altas tasas de encarcelamiento y con sobre población penitenciaria registran mayores índices de reincidencia y violencia. Las actuales condiciones del sistema penitenciario, tanto en Chile como en la región, planteó, no reinsertan ni previenen el delito, sino que lo terminan reproduciendo.
“Más mano dura no es la respuesta, ya que la seguridad se construye con más educación, trabajo, oportunidad, y justicia social, no con más muros. No se puede pretender solucionar con justicia penal aquellas situaciones que derivan de la justicia social”, concluyó.
Asimismo, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana explicó que desde los años 80 la tasa de mujeres encarceladas ha aumentado drásticamente, y que estos delitos tienen que ver, en su mayoría, con microtráfico por parte de personas vulnerables. “Hay que ver cómo lograr que la situación de vulnerabilidad no sea conducente a la realización de actos de delitos", cerró.