Para garantizar la probidad y la transparencia en la función pública es que se publicó, en 2014, la Ley del Lobby, normativa que regula las relaciones entre particulares y las autoridades que toman decisiones. En esta línea, el investigador de la Unidad Académica de Relaciones Internacionales y Políticas Públicas Globales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Andrés Dockendorff Valdés, decidió estudiar cuáles son grupos empresariales y laborales que presionan en el Congreso chileno.
En el trabajo titulado “En busca de amigos e influenciadores: grupos empresariales y laborales que presionan en el Congreso chileno”, que publicó junto a Eduardo Alemán, señala que la evidencia disponible muestra que los grupos económicos tienen mucha participación en el lobby en general, pero hay otros grupos de interés, como asociaciones gremiales del Poder Judicial, Gendarmería o grupos de causas que también son muy activos.
“El lobby está siempre presente ahí donde hay intereses en disputa”, indica el académico, añadiendo que “nada puede evitar completamente que existan lo que Andrés Allamand denominó en su momento en los años noventa, ‘poderes fácticos’. Ahora bien, el lobby como actividad es parte del juego democrático. Mientras más competitivo es el acceso, uno podría suponer que diferentes grupos podrán representar sus intereses ante posibles regulaciones o nuevas leyes que los afecten”.
Dockendorff destaca que “lo que mostramos en este trabajo es que la representación de intereses en Chile sigue una lógica informacional. Los grupos de interés se reúnen con políticos que perciben más alineados con sus intereses para agregarles más información y volverlos potencialmente más persuasivos en los procesos de debate”. En el estudio señala que “los grupos de interés apuntan predominantemente a aliados ideológicos, ya sea definidos por posiciones individuales o afiliación partidaria. Este hallazgo subraya la importancia de la alineación ideológica para entender la dinámica del cabildeo legislativo llevado a cabo por grupos empresariales y laborales”.
“En una democracia representativa, todos pueden hacer lobby a todos. Lo que mostramos es que se observa una dinámica de transmisión de información donde es más racional para los empresarios hacerle lobby a los legisladores de derecha, y a los sindicatos ir hacia la izquierda. Eso no quita que, otros grupos, también tengan sus blancos preferidos. Por ejemplo, en otro trabajo mostramos que el lobby en la Convención Constitucional estuvo muy sesgado por preferencias ideológicas, fue algo así como una cámara de eco. Por otra parte, otro hallazgo interesante es que las mujeres legisladoras, de derecha a izquierda, suelen dar menos acceso a los grupos económicos”, revela.
¿Quiénes buscan hacer lobby? Dockendorff responde que “todos los grupos de interés, empresarios, sindicatos, federaciones estudiantiles, grupos de causas como medioambiente, etc. todos hacen lobby buscando no ser perjudicados por cambios al status quo legislativo o regulatorio. Otros, también se enfocan en incluir temas en la agenda. Los grupos de causas, quizás se enfocan en temas de interés general, pero a veces también defienden solo intereses seccionales”.
¿Cómo funciona la Ley del Lobby?
En los últimos meses, entre el Gobierno y el Congreso, comenzó el debate para modernizar la Ley del Lobby y así “ampliar el concepto de lobby, establecer nuevos sujetos pasivos e imponer nuevas obligaciones a ciertos sujetos activos calificados”, detallan desde el Parlamento.
En esta línea, Dockendorff aclara que “Chile es el primer país de América Latina en requerir ese nivel de publicidad. Incluso en Estados Unidos, no se obliga a los legisladores o autoridades publicar ese detalle de sus reuniones, lo que ha llevado a que muchos investigadores trabajen con datos de encuestas o de contribuciones de campaña”.
“Chile es un caso ideal porque la Ley 20.730 implicó que los representantes y autoridades tuvieran que empezar a hacer públicos el registro de reuniones con grupos de interés y lobistas”, añade.