Con reuniones de expertos, CESC prepara 1º Informe Anual de Política Criminal y Seguridad Pública en Chile

Con expertos, CESC prepara 1º Informe Anual de Pol. Crim.y Seg. Pub.

Con el objetivo de analizar hallazgos, detectar problemas y sugerir recomendaciones acerca de la seguridad pública y las políticas públicas vinculadas al tema en nuestro país, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) realizó una serie de talleres con expertas y expertos como antesala de lo que será su 1º Informe Anual de Política Criminal y Seguridad Pública en Chile.

Los talleres reunieron a veinticuatro especialistas del mundo académico y de profesionales destacados de las instituciones del Estado, en su mayoría con más de 15 años de experiencia en la materia. Se dividieron en seis encuentros, uno por cada uno de los sistemas abordados en el informe: Legislativo, Prevención, Organizaciones Policiales, Justicia y Penitenciario.

La relevancia del informe

El informe pretende responder dos grandes preguntas relacionadas a los rasgos de la transformación del delito en el Chile actual y si la institucionalidad chilena está adaptándose adecuadamente a este nuevo escenario de la seguridad pública. Específicamente, busca determinar los principales elementos que dan cuenta de un cambio del fenómeno criminológico en nuestro país en las últimas dos décadas, y describir cómo la institucionalidad político-criminal y de seguridad pública del país ha tratado de adaptarse a las transformaciones del fenómeno criminal, determinando los principales problemas y nudos críticos con los que la institucionalidad penal y de seguridad pública ha respondido a este escenario y ofrecer recomendaciones orientadas a enfrentar los desafíos institucionales detectados en el estudio respectivo. 

Para esta primera versión, se consideró necesario elaborar un documento general que abordara de manera evolutiva y global el desarrollo político-criminal y criminológico del país de los últimos 20 años. Desde ese punto de vista, el informe busca contribuir al debate nacional sobre el tema y ser un aporte para quienes están llamados a decidir las políticas públicas relacionadas.

La realización del informe, financiado por la propia Facultad de Gobierno, surge en medio de transformaciones sociales y expresiones nuevas de la delincuencia, y pretende aportar en la conversación pública desde una mirada comprensiva del problema, aportando a los tomadores de decisiones en el campo político-criminal y de seguridad pública.

Los talleres en detalle

Los talleres se estructuraron en base a tres preguntas guía, vinculadas al balance general de los últimos 20 años, elementos críticos asociados a cada institución del sistema de seguridad y justicia y su articulación, y a decisiones prioritarias para mejorar el funcionamiento institucional y así mitigar los problemas de seguridad.

Respecto de los asuntos abordados en los talleres, en el grupo que dialogó sobre el Sistema Legislativo se revisó la formulación legislativa de los últimos 20 años para Chile y se analizaron aspectos como los efectos de la (ir)racionalidad normativa y prácticas populistas punitivistas y el perfil expansionista del sistema penal. 

Por su parte el taller sobre Sistema de Justicia puso énfasis en el desarrollo de las tres principales instituciones del sistema, a fin de relevar antecedentes clave para comprender el desarrollo y funcionamiento de las instituciones y su articulación con el resto del sistema en el marco de las exigencias democráticas. Se discutió sobre los principales cambios que trajo consigo la reforma procesal, las transformaciones del Poder Judicial, Defensoría Penal Pública y Ministerio Público como principales instituciones del sistema. 

En lo relativo al Sistema de Organizaciones Policiales, PDI y Carabineros de Chile se discutió sobre el rol las policías en las políticas de seguridad pública, su transformación interna y evolución reciente: presupuesto, dotación, nuevos departamentos, sus funciones y el desempeño de ellas expresado como casos policiales, la incorporación de los derechos humanos y actuación apegada a los estándares para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre otros temas. 

Respecto del Sistema Penitenciario, se discutieron aspectos tales como, la implementación del sistema de concesiones para los recintos penitenciarios, la creación de nueva institucionalidad como la Defensoría Penal Penitenciaria, la modernización de Gendarmería, la regulación explícita de los tres subsistemas, las penas sustitutivas y la promulgación de la Ley 20.603, la transición de enfoque asistencialista en la ejecución de penas a enfoques asociados a la supervisión de la población privada de libertad.

Con relación al Sistema de Justicia Juvenil, se destacó la relevancia que ha tenido en la política pública la incorporación de un enfoque de derechos en materia de niñez como un hito fundamental, el impacto ley de subvenciones estatales en la regulación del traspaso de recursos que entrega el Estado, las implicancias de la tercerización y externalización de la oferta programática y sus limitaciones. Así mismo, se debatió sobre hitos tales como la Promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y la creación del programa Mejor Niñez, además de las transformaciones en ámbitos de gestión e implementación de política pública como los enfoques de focalización y modelos de intervención basados en evidencia. 

Finalmente, en lo relativo al Sistema de Prevención, se abordaron los principales aspectos que articulan el sistema preventivo, la política pública a la base, las instituciones y actores participantes, y los principales desafíos que ha enfrentado el sistema. El diálogo se basó en los últimos 20 años del sistema preventivo, hitos y cambios que principales del periodo, diferenciando la prevención del delito y del consumo de alcohol y drogas, pero también identificando elementos en común. 

De forma transversal, se destacaron aspectos como la relevancia indiscutible la Reforma Procesal Penal como hito fundamental para la transformación y creación de la institucionalidad en materia de seguridad y justicia para Chile, la persistencia del populismo punitivo y el protagonismo de las agendas cortas anti-delincuencia, así como, el aumento sostenido de penas asociadas a diferentes tipos penales. Todos, elementos que contribuyen a describir y situar la transformación de los fenómenos delictuales y la capacidad de adaptación que han tenido las instituciones para dar respuesta a la demanda de cada uno de los sistemas abordados.

A partir de los talleres realizados, el equipo CESC, liderado por su director Claudio González, está trabajado en la sistematización e integración de los diálogos de expertos para cada capítulo del informe, además de la consolidación del trabajo de análisis e identificación de desafíos para el sistema de seguridad y justica de Chile en consideración a la transformación de los fenómenos delictuales y, en consecuencia, la necesidad de adaptación de las instituciones frente al surgimiento de nuevos contextos socio criminales. 

Se espera que este informe, cuya publicación está contemplada para el primer semestre de este año, se convierta en un elemento colaborador permanente para la discusión pública de la Política Criminal y de Seguridad Pública en Chile.