La calidad de las viviendas constituye un factor determinante para comprender y enfrentar la pobreza energética en Chile. Esa es una de las principales conclusiones del Policy Paper N°5 “Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habitabilidad”, elaborado por integrantes de la Red de Pobreza Energética (RedPE) y publicado por la Universidad de Chile.
El documento propone abordar conjuntamente las políticas de vivienda y energía, entendiendo que las dificultades que enfrentan numerosos hogares para alcanzar temperaturas adecuadas, una buena calidad del aire interior y condiciones de confort no dependen únicamente del precio o disponibilidad de la energía, sino también de las características constructivas y térmicas de las viviendas.
En la elaboración del Policy Paper participaron especialistas de distintas universidades e instituciones. Entre ellos se encuentran Gabriel Felmer, académico del Instituto de la Vivienda (INVI-FAU), y Alejandra Cortés, Directora Académica y de Relaciones Internacionales de la FAU y Coordinadora Ejecutiva de la Red de Pobreza Energética.
El concepto de pobreza energética ha experimentado una evolución. Históricamente, una de las formas utilizadas para identificarla fue considerar el porcentaje de los ingresos familiares destinado al pago de energía. Bajo este enfoque, se estableció inicialmente como referencia que un hogar que destinaba más del 10% de sus ingresos a energía podía encontrarse en una situación de pobreza energética.
Sin embargo, el concepto se ha ampliado y actualmente incorpora dimensiones relacionadas con la calidad y suficiencia de los servicios energéticos, las condiciones de la vivienda, el confort térmico y la calidad del ambiente interior.
Para Gabriel Felmer, esta evolución resulta relevante porque permite comprender que el problema no puede abordarse únicamente aumentando los ingresos de las familias o disminuyendo el precio de la energía. “Históricamente, el problema se puede atender desde tres ejes: el ingreso, el gasto y, como solución más permanente, mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda.”
Los dos primeros corresponden principalmente a medidas paliativas. Entre ellas se encuentran subsidios, bonos u otras ayudas que aumenten la capacidad económica de los hogares, así como mecanismos destinados a reducir el costo de la energía. Si bien estas medidas pueden mejorar las condiciones de las familias en determinados momentos, su efecto depende de la disponibilidad de recursos públicos y de la evolución de los precios de la energía.
La tercera dimensión apunta, en cambio, a intervenir la causa estructural del problema: las características de las viviendas.
La vivienda como parte de la solución
El diagnóstico adquiere especial relevancia al considerar las características del parque habitacional chileno. Según el Policy Paper, pese a los avances experimentados en materia de reglamentación térmica para las nuevas construcciones, persiste una brecha significativa respecto de las viviendas existentes.
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El estudio advierte que más de cinco millones de viviendas fueron construidas sin exigencias térmicas adecuadas, dejando a una parte importante de la población expuesta a condiciones deficientes de habitabilidad. El problema afecta particularmente a hogares de menores ingresos que viven en edificaciones construidas antes de las principales modificaciones a la normativa térmica.
En este escenario, el reacondicionamiento térmico aparece como una estrategia de largo plazo. Mejorar la aislación de muros, cubiertas y pisos, incorporar ventanas de mejor desempeño térmico o utilizar soluciones que permitan conservar el calor puede disminuir las necesidades de calefacción y, con ello, el gasto energético de los hogares.
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Para Alejandra Cortés “la aislación térmica, el diseño arquitectónico juegan un papel fundamental en la habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas. Una buena orientación, tamaño de ventanas y controles solares permiten lograr adecuados niveles de iluminación natural, ganancias de calor en invierno y control de sobre exposición al sol en verano. Así como también, un buen diseño arquitectónico puede facilitar una buena ventilación natural, tanto en invierno como en verano. No sólo la materialidad de la vivienda es importante, si no también el diseño arquitectónico sensible al clima local que permita el confort ambiental dentro de la vivienda con los menores recursos energéticos posibles”.
Por su parte, Felmer agregó que “si uno quisiera atender el problema en el largo plazo, la mejor solución sería reacondicionar o acondicionar la vivienda para reducir ese gasto en energía, mediante soluciones de aislación térmica, ventanas termopanel, uso de masa térmica y otras medidas que deberían estar incorporadas en la vivienda.”
Desde esta perspectiva, la vivienda deja de ser solamente el lugar donde se consume energía y pasa a ser parte fundamental de la solución. Una vivienda con mejores condiciones térmicas requiere menos energía para alcanzar niveles adecuados de confort y permite que los beneficios de una intervención permanezcan durante años.
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Más energía no necesariamente significa mayor confort
Uno de los aspectos que aborda la investigación es la paradoja que enfrentan numerosos hogares: incluso destinando una proporción significativa de sus ingresos a calefacción, las características de sus viviendas dificultan alcanzar temperaturas saludables.
La evidencia recopilada muestra que las bajas temperaturas interiores pueden coexistir con elevados niveles de humedad, CO₂ y contaminación por material particulado, configurando ambientes domésticos que pueden comprometer la salud y el bienestar de sus habitantes.
El Policy Paper señala además que, para disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias asociadas a bajas temperaturas, el gasto energético de un hogar podría llegar a superar el 20% del salario mínimo, evidenciando las dificultades económicas que supone alcanzar condiciones térmicas adecuadas cuando la vivienda presenta un desempeño deficiente.
Esta realidad permite comprender la pobreza energética no solo como un problema de ingresos o acceso a determinados combustibles, sino como un fenómeno multidimensional relacionado con la calidad del entorno construido.
Una política que considere las distintas formas de habitar
La publicación también llama la atención sobre las diferencias existentes entre propietarios, arrendatarios y familias allegadas al momento de acceder a programas de mejoramiento energético.
Mientras los propietarios pueden contar con mayores posibilidades de intervenir sus viviendas, quienes arriendan dependen de las decisiones de los dueños de los inmuebles. Las familias allegadas, en tanto, enfrentan restricciones aún mayores para realizar mejoras y, en muchos casos, condiciones de hacinamiento que intensifican los problemas de temperatura, ventilación y calidad del aire interior.
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Por ello, los investigadores plantean la necesidad de desarrollar instrumentos diferenciados según las modalidades de tenencia de la vivienda y las condiciones socioeconómicas y territoriales de los hogares.
Entre las propuestas se encuentra establecer estándares mínimos de desempeño térmico para las viviendas destinadas al arriendo, junto con incentivos para que los propietarios realicen mejoras de eficiencia energética y mecanismos de protección para los arrendatarios.
Del subsidio a una solución permanente
Una de las principales recomendaciones del documento apunta a fortalecer una política de reacondicionamiento térmico de las viviendas existentes.
El Policy Paper propone mantener y ampliar los programas públicos destinados a este objetivo, pero incorporando criterios de pobreza energética para focalizar los recursos. Esto permitiría considerar no solamente a los hogares de menores ingresos, sino también a sectores medios que pueden enfrentar situaciones de vulnerabilidad energética debido a las características de sus viviendas, las condiciones climáticas de sus territorios o el elevado gasto necesario para alcanzar niveles adecuados de confort.
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Asimismo, plantea diferenciar los apoyos según zona térmica y superficie de la vivienda, además de establecer mecanismos que permitan verificar que las intervenciones financiadas con recursos públicos efectivamente produzcan mejoras en eficiencia energética y habitabilidad.
En este sentido, los autores proponen avanzar desde una lógica centrada principalmente en subsidios individuales hacia una estrategia de mayor escala capaz de intervenir el parque habitacional existente.
Entre las alternativas planteadas se encuentran también instrumentos financieros como créditos blandos de mediano plazo, tasas subsidiadas o sistemas de garantías estatales que faciliten el financiamiento del reacondicionamiento térmico para hogares que cuentan con capacidad de pago parcial.
¿Qué pueden hacer los hogares mientras se implementan soluciones estructurales?
Aunque el documento pone el énfasis en la responsabilidad de las políticas públicas, también existen medidas de menor costo que pueden contribuir a mejorar las condiciones térmicas mientras se desarrollan intervenciones de mayor escala.
Entre ellas se encuentra el control de la ventilación, evitando la pérdida innecesaria de calor y procurando mantener una adecuada calidad del aire mediante sistemas de ventilación controlada, especialmente en baños y cocinas. También pueden contribuir medidas sencillas como cerrar cortinas durante la noche, utilizar cortinas de mayor espesor y mejorar las condiciones de abrigo al interior de la vivienda.
La elección del sistema de calefacción también resulta relevante. En términos de calidad del aire interior, las alternativas eléctricas radiativas pueden presentar ventajas frente a sistemas que utilizan combustibles dentro de la vivienda, como la parafina o el gas, que pueden contribuir al deterioro de la calidad del aire y requieren ventilación, generando a su vez pérdidas de calor.
En este sentido, Felmer advierte que estas decisiones deben entenderse como medidas complementarias y no como sustitutos de una mejora estructural de las viviendas.
“Mientras no se resuelva el problema de base, lo ideal sería atender la aislación térmica de la cubierta, el piso o los muros, además del uso de termopanel. Son medidas que requieren inversión, pero permiten abordar la causa del problema y no solamente sus efectos.”
Una vivienda que incorpore el confort térmico
El análisis plantea además una discusión más profunda sobre el estándar que debiera ofrecer una vivienda. En Chile, las viviendas han incorporado progresivamente prestaciones que hoy se consideran básicas, como el acceso al agua caliente. Sin embargo, el confort térmico interior aún no se encuentra incorporado de la misma manera como una condición fundamental de habitabilidad.
Esto significa que buena parte de las familias debe resolver individualmente la calefacción de sus hogares, adquiriendo estufas y asumiendo directamente los costos de operación y mantenimiento. El resultado es que las condiciones térmicas de la vivienda pueden depender fuertemente de la capacidad económica de cada hogar.
Desde esta perspectiva, el desafío no consiste únicamente en que las familias puedan pagar la energía, sino en que las viviendas necesiten menos energía para ofrecer condiciones adecuadas de habitabilidad.
El documento sostiene que enfrentar la pobreza energética requiere superar la actual fragmentación entre las políticas habitacionales y energéticas.
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Mientras el sector energético ha avanzado en la incorporación del concepto de pobreza energética y en el desarrollo de instrumentos específicos, las políticas de vivienda han concentrado buena parte de sus esfuerzos en mejorar las exigencias para las nuevas construcciones. El desafío, plantea la publicación, es articular ambas agendas y abordar de manera sistemática las condiciones del parque habitacional existente.
Desde esta perspectiva, mejorar térmicamente las viviendas no solo permitiría disminuir el consumo energético y facilitar el uso de fuentes de energía más limpias, sino también generar mejores condiciones de salud, confort y bienestar para las personas.
Los efectos de una mala habitabilidad térmica pueden extenderse además a otras dimensiones de la vida cotidiana, generando impactos sobre la salud, el ausentismo laboral y escolar, la productividad y el bienestar general de las familias.
Por ello, la habitabilidad aparece como un componente central de una transición energética justa, entendiendo la vivienda no solamente como infraestructura, sino como el espacio donde las desigualdades energéticas se experimentan cotidianamente y donde también pueden comenzar a resolverse.
Como plantea Felmer, “lo que se tiene que entender desde la política pública es justamente mejorar las condiciones de habitabilidad y garantizar, por medio de la inversión en la vivienda, sistemas o maneras que vengan integradas, de modo que las personas no tengan que gastar mayormente en energía y tengan mejores condiciones térmicas interiores.”
El Policy Paper N°5 “Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habitabilidad” fue publicado en 2026 por la Universidad de Chile y elaborado por Carlos Aguirre Núñez, Paz Araya Jofré, Valeska Cerda Fuentes, Alejandra Cortés Fuentes, Felipe Encinas Pino, Gabriel Felmer Plominsky, Eduardo Fernández, Carmen Freed Huici, Paulo Guíñez, Aner Martínez Soto y Constanza Molina.