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Frente al cambio climático

Académicas y académicos U. de Chile participaron en informe nacional para proteger el agua, la energía y los alimentos

U. de Chile participa en informe para proteger agua, energía y alimentos
Cambio Climático
El trabajo de las académicas y los académicos U. de Chile entrega evidencia científica para orientar la política climática nacional y la próxima Estrategia Climática de Largo Plazo del país.
"Chile no enfrenta un solo cambio climático", señaló la doctora Pilar Barría.
"Chile no enfrenta un solo cambio climático", señaló la doctora Pilar Barría.
La doctora Anahí Ocampo-Melgar añade que “fue importante poder contribuir a la reflexión de este reporte con literatura sobre gestión adaptativa".
La doctora Anahí Ocampo-Melgar añade que “fue importante poder contribuir a la reflexión de este reporte con literatura sobre gestión adaptativa".
Profesor Felipe Díaz
El profesor del DIQBM, Felipe Díaz, elaboró la sección del documento dedicada al potencial de la economía circular para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Profesor Humberto Palza
El prof. Humberto Palza, de FCFM, destacó el carácter colectivo y multidisciplinario del informe.

El Comité Científico Asesor de Cambio Climático presentó cuatro informes temáticos que reúnen la evidencia científica más actualizada para orientar la política climática nacional y que sustentarán la próxima Estrategia Climática de Largo Plazo del país. Estos cuatro informes abordaron cambio climático y salud, economía circular, el nexo océanos-clima-biodiversidad y el nexo agua-energía-alimentos.

Las académicas Pilar Barría y Anahí Ocampo-Melgar, ambas investigadoras de HidroSocioLab de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza (FCFCN) de la Universidad de Chile, integraron el equipo que elaboró el informe "Nexo Agua-Energía-Alimentos en Chile: Ciencia y Políticas para una Gestión Sostenible".

El documento, publicado por el C4 y disponible en acceso abierto, plantea que Chile atraviesa una etapa decisiva en la relación entre desarrollo, territorio y sostenibilidad, y que la creciente presión sobre el agua, la transformación de la matriz energética y las exigencias de la seguridad alimentaria ya no pueden abordarse de manera fragmentada. El informe sostiene que la agricultura depende del agua y la energía para sostener su productividad, que la generación energética requiere agua, y que la gestión hídrica a su vez demanda energía, por lo que propone avanzar hacia una gobernanza que anticipe los efectos cruzados entre estos tres sectores, en lugar de evaluarlos de manera aislada.

“Chile no enfrenta un solo cambio climático. Los impactos son muy distintos de norte a sur y, por lo tanto, tampoco puede existir una única solución para todo el país. Necesitamos una planificación territorial que incorpore los escenarios climáticos y anticipe sus efectos sobre el agua, la energía y la producción de alimentos y sus nexos”, señaló la directora de Hidrosociolab, doctora Pilar Barría

La doctora Anahí Ocampo-Melgar añade que “fue importante poder contribuir a la reflexión de este reporte con literatura sobre gestión adaptativa la cual nos invita a enfrentar la incertidumbre, no solo desde las ciencias físicas, sino también desde la invitación a integrar distintos tipos de conocimiento, sean estos académicos, locales e indígenas; así como a la colaboración interdisciplinaria y la incorporación de herramientas de apoyo a la decisión”.

Economía circular

Sumado a ellas, los académicos del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales (DIQBM) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Casa de Bello, Felipe Díaz Alvarado y Humberto Palza, participaron como autores principales del Informe Temático “Economía Circular y Cambio Climático en Chile” solicitado por el mismo comité. 

El profesor del DIQBM, Felipe Díaz, que también es director académico del Diplomado en Economía Circular de la FCFM e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), señaló que esta convocatoria “la leí como un reconocimiento a la trayectoria que hemos construido en economía circular en Chile. Supongo que pesaron el Diplomado de Economía Circular de la FCFM, del que soy director académico, y la participación como investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Estas invitaciones son un indicador de que lo que hacemos en la Universidad puede orientar las políticas públicas”.

El académico escribió la sección dedicada al potencial de la economía circular para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Su trabajo establece una jerarquía para priorizar las medidas circulares: comenzar por diseñar productos que utilicen menos materiales y favorezcan la estandarización, modularidad y reparabilidad; avanzar luego hacia la reutilización y la remanufactura; y finalmente recurrir al reciclaje o la valorización.

Según explicó, este orden responde al impacto efectivo de cada estrategia. Mientras el diseño y la reutilización pueden evitar la extracción y el procesamiento de materias primas, el reciclaje solo consigue reducirlos. “El reciclaje no siempre gana. Hay rutas de reciclaje mal implementadas que emiten más que disponer el mismo material en un relleno sanitario bien gestionado. El beneficio depende de la tasa de recolección y la pureza del flujo, del agua y la energía utilizadas en el pretratamiento, del rendimiento del proceso, del factor de sustitución y de la matriz eléctrica”, advirtió Díaz.

Junto con Felipe Pizarro y Andrés Maturana, investigadores del Laboratorio de Ingeniería de Polímeros, realizó un levantamiento de información técnica sobre el impacto comprobable de distintas políticas públicas destinadas a estimular la economía circular, con especial atención en los instrumentos económicos.

Humberto Palza asegura que “como investigador, es muy relevante que la experiencia en valorización de residuos y en tecnologías para fomentar la economía circular no solo genere nuevo conocimiento, sino que también contribuya a elaborar informes técnicos basados en evidencia y a generar políticas públicas para enfrentar las consecuencias del cambio climático”.

Para el académico, una de las principales fortalezas del documento es su carácter colectivo y multidisciplinario. “Se trata de un informe técnico, basado en evidencia y realizado por un número representativo de investigadores, por lo que se sitúa como una plataforma objetiva para definir políticas públicas”, sostuvo Palza.

Los cuatro informes reunieron el trabajo y la evidencia aportada por más de 500 investigadores/as de distintas universidades e instituciones del país. Su elaboración se desarrolló en el marco de un proyecto apoyado por el Fondo de Acción de la Asociación del NDC Partnership, mecanismo creado en la COP26 para ayudar a los países en desarrollo a acelerar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y cerrar brechas de financiamiento técnico.