U de Chile genera propuestas para política pública de vivienda postpandemia

Propuestas para política pública de vivienda postpandemia
La serie de Policy Brief "Domesticar la ciudad" de la VID busca aportar al debate relacionado con la planificación urbana y territorial.
La serie de Policy Brief "Domesticar la ciudad" de la VID busca aportar al debate relacionado con la planificación urbana y territorial.
El actual contexto de crisis sanitaria ha dejado en evidencia las desigualdades de los hogares y la restringida visión de la normativa vigente al no incorporar la multidimensionalidad de la vivienda.
El actual contexto de crisis sanitaria ha dejado en evidencia las desigualdades de los hogares y la restringida visión de la normativa vigente al no incorporar la multidimensionalidad de la vivienda.
Las condiciones de habitabilidad afectan el bienestar físico y emocional de las personas, incidiendo, por ejemplo, directamente en la esperanza de vida.
Las condiciones de habitabilidad afectan el bienestar físico y emocional de las personas, incidiendo, por ejemplo, directamente en la esperanza de vida.
La pandemia ha instalado la urgencia para que arquitectos y arquitectas colaboren con diseños que propendan el bienestar de la comunidad.
La pandemia ha instalado la urgencia para que arquitectos y arquitectas colaboren con diseños que propendan el bienestar de la comunidad.

La serie de Policy Brief "Domesticar la ciudad" de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile (VID), busca aportar al debate relacionado con la planificación urbana y territorial. El tercer documento aborda las políticas públicas relacionadas con las viviendas sociales y propone una serie de medidas de cara a la crisis social y sanitaria.

La profesora Rosemarie Garay, académica del Departamento de Desarrollo en Productos Forestales de nuestra Facultad es una de las autoras y autores de la publicación, junto con las académicas y académicos Ricardo Herrera, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), Yasna Contreras, Jaime Díaz y Ricardo Tapia, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU).

Los especialistas señalan que el actual contexto de crisis sanitaria ha dejado en evidencia las desigualdades de los hogares y la restringida visión de la normativa vigente al no incorporar la multidimensionalidad de la vivienda, concibiéndola casi exclusivamente como un objeto material. Ello, en contraposición al concepto de “habitabilidad” que varios expertos y expertas han planteado y que comprende tamaño, distribución de la vivienda, calidad del entorno, proximidad a servicios, entre otros. Una visión que rompe con la cosificación del inmueble y centra su mirada en un espacio relacional dentro y fuera del hogar.

“Chile cuenta con un importante cantidad y calidad de la normativa para las viviendas, sin embargo por diversas razones no se cumplen, no se fiscalizan, un tema que no debería suceder porque le resta confianza en la Institucionalidad a la población que legítimamente quiere participar y cumplir con sus obligaciones, pues percibe que la inequidad también tiene que ver con quienes transgreden la ley y no pagan impuestos y siempre están en primera fila para pedir ayudas del Estado, eso también forma parte del problema, no sólo quienes realmente necesitan ayuda”, sostuvo la profesora Garay.

En esta línea, los especialistas incorporan además la variable de salud mental, es decir cómo las condiciones de habitabilidad afectan el bienestar físico y emocional de las personas, incidiendo, por ejemplo, directamente en la esperanza de vida. Según el estudio publicado en la revista The Lancet Planetary Health, sobre 6 ciudades de América Latina (Buenos Aires, Belo Horizonte, Santiago, San José, Ciudad de México, Ciudad de Panamá), en las comunas más ricas de Santiago, las mujeres viven 17,7 años más y los hombres 8,9 años.

Por otra parte, si bien la política pública de vivienda ha abordado exitosamente el déficit cuantitativo, para los investigadores se ha hecho a costa de las condiciones de habitabilidad. A pesar de los numerosos esfuerzos que se han visto plasmados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), estas normativas al no ser obligatoria muchas de ellas no se aplican.

“En un marco de política pública es urgente que se incluyan las áreas prioritarias de protección de incendios forestales en los planes reguladores comunales y en los casos más graves que se revise las divisiones en parcelas de agrado en zonas boscosas, un tema a regular desde la Ordenanza General de urbanismo y Construcción con mayor detalle, tal como la prohibición de habitar zonas de riesgos asociadas a fenómenos de la naturaleza de alta frecuencia e intensidad que ponen en peligro a los habitantes”, puntualizó la profesora Garay.

A ello, se suma “el abandono de una planificación que garantice ciudades equitativas, sustentables y justas, cuestión que todavía no ha ocurrido en Chile, pues la planificación, intencionadamente, ha privilegiado el accionar privado en la ciudad, especulando con suelos e inversiones públicas”, señaló el profesor Ricardo Tapia, académico del Instituto de la Vivienda de la FAU.

Hogares preparados para el confinamiento

Desde la mirada de los autores, la política habitacional actual privilegia la densificación al máximo de los proyectos inmobiliarios, públicos o privados, disminuyendo al mínimo los espacios comunes que incluyen áreas verdes, capacidad de ascensores, etc. El objetivo de esta política -empujado por obtener una mayor ganancia en el ámbito privado, o cubrir rápidamente el déficit de viviendas, en el ámbito público- es tener la mayor cantidad de unidades habitacionales posibles por superficie de terreno.

Asimismo, la pandemia ha instalado la urgencia para que arquitectos y arquitectas colaboren con diseños que propendan el bienestar de la comunidad. Los niveles básicos en condiciones de temperatura, humedad, aislación acústica, iluminación y radiación solar además de proporcionar bienestar, son factores esenciales para la salud humana física y mental y deben ser salvaguardados en todo tipo de vivienda sin discriminar en valor y ubicación.

En esta materia, el profesor Tapia, quien es arquitecto, señala que en “América Latina en general y Chile en menor medida, se requiere que los arquitectos y arquitectas profundicen en las causas y expresiones que, obligadamente, los habitantes dan al habitar, el cual es resultante de procesos que tienen factores y temporalidades variables en su desarrollo. Los Estados, en nuestra región, siempre tendrán demandas sociales urgentes por resolver, la vivienda una de ellas. Así, los recursos para su diseño, siempre serán escasos. Conocer y entender los procesos señalados, puede permitir intervenir con diseños adecuados para esos desafíos. En Chile, aquellos se complejizan aún más, al habitar un territorio telúrico y de gran afectación por el cambio climático”.

Propuestas para una política de vivienda postpandemia

Considerando que existe un significativo número de viviendas que no puede modifcarse, los especialistas proponen que ante una cuarentena se podrían establecer espacios comunes de confinamiento en los barrios, que cuenten con equipamiento urbano suficiente, e incluyan áreas de esparcimiento y actividad física adecuadas para respetar el distanciamiento físico como parques y plazas.
Para los especialistas se requiere, además, una política que considere múltiples riesgos de desastres debido a las condiciones propias del país. En este sentido, es clave cuantificar la vulnerabilidad de las comunidades, pueblos y ciudades a nivel país frente a riesgos naturales y socionaturales, incluyendo los riesgos frente a una pandemia, construyendo un índice que considere cada amenaza por separado como también la ocurrencia de amenazas múltiples, independientes o interrelacionadas.

Cuatro opciones simultáneas para la política pública en esta materia:

1. Mejorar los estándares de calidad de habitabilidad en las nuevas viviendas mediante mayores exigencias normativas y sanciones. Poner en práctica los principios de la PNDU que no están en correspondencia con los programas habitacionales que siguen construyéndose.
2. Mejorar lo ya construido de modo progresivo, adaptando políticas públicas para tales propósitos, potenciando los insuficientes subsidios que ha desplegado SERVIU en conjunto con el MINVU, en viviendas deterioradas y patrimoniales, bien localizadas y accesibles.
3. Regular el mercado de vivienda rentista que ha dificultado la construcción de viviendas más equitativas y finalmente,
4. Asumir los diferentes riesgos a los que se ve expuesta la población (pandemias, aluviones, terremotos, tsunamis, incendios, avalanchas, entre otros), elaborando un ejercicio interdisciplinario e interinstitucional constante.

Cambios inmediatos: 

• Eliminar diferencias entre los avalúos fiscales y comerciales de las viviendas, reduciendo así, mecanismos especulativos.
• Recuperar terrenos baldíos o públicos para la construcción de viviendas de interés social o de interés público, derribando el mito que el Estado “no tiene suelo”.
• Facilitar la gestión del Estado para comprar terrenos privados con valores preferentes, especialmente cuando los fines de viviendas son colectivos y orientados a grupos más vulnerables.
• Ofrecer mayores facilidades para que el Estado pueda expropiar luego de desastres socionaturales de diferente naturaleza.